Simpatizantes del gobierno interrumpieron tensa sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela que propuso iniciar un "juicio político" al presidente Nicolás Maduro
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La sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela este domingo fue reflejo de la tensión y la polarización que vive el país entre gobierno y oposición.
Durante media hora se interrumpió la sesión debido a que decenas de simpatizantes del gobierno irrumpieron en el hemiciclo, lo que provocó momentos tensos.
Finalmente, los manifestantes fueron desalojados sin mayores incidentes tras la mediación de diputados oficialistas.
Fue el punto álgido de una sesión de cuatro horas en la que la oposición aprovechó la mayoría de la que dispone desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015 para aprobar un acuerdo que declara "la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro".
El acuerdo contempla, entre otras medidas la posibilidad de iniciar un juicio político contra Maduro.
La sesión de la Asamblea fue convocada después de que el jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera suspender de momento el proceso de convocatoria de un referendo revocatorio a Maduro.
El CNE accedió a la suspensión cautelar solicitada por varios tribunales penales de diferentes estados del país, que admitieron a trámite denuncias por fraude en la primera parte del proceso, la recolección de firmas de al menos el 1% del censo.
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La oposición calificó la suspensión como un "golpe de Estado". El revocatorio es la salida que buscan los opositores para el cambio de un gobierno al que culpa de la crisis económica que atraviesa el país.
Y en especial a Maduro, presidente desde 2013.
"Daremos los implementos para que comience una sesión para llevar un juicio político y legal al presidente Nicolás Maduro para ver cuál es su responsabilidad en la ruptura constitucional que ha roto la democracia, los derechos humanos y el futuro del país", dijo el diputado opositor Julio Borges, jefe de la bancada mayoritaria, al inicio de la sesión.
Según el acuerdo, este próximo martes se celebrará una sesión especial de la Asamblea para "iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República".
Ese proceso de juicio político, sin embargo, no es comparable al que llevó a la reciente destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil.
"La Constitución de Venezuela no regula no regula como en Brasil un juicio político que lleve a la destitución, no tiene consecuencias jurídicas inmediatas", explicó a BBC Mundo el profesor de Derecho José Ignacio Hernández, experto constitucionalista.
"Actitud delictiva"
La aprobación al final del debate suscitó los gritos de "golpistas" por parte de diputados oficialistas, que tuvieron que mediar para desalojar a decenas de simpatizantes del gobierno.
La Guardia Nacional también intervino después de que se rompiera el perímetro de seguridad.
En las imágenes de televisión se pudo ver hablar con los manifestantes a Jorge Rodríguez, alcalde oficialista del municipio Libertador, el centro de Caracas, donde se ubica el palacio legislativo.
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"Hago un llamado a grupos violentos extraños a la cámara a que abandonen el hemiciclo, es una actitud delictiva", se escuchó decir en televisión a Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea y uno de los líderes de la oposición, cuando entraron al salón.
Tras casi media hora de interrupción, la sesión de reanudó y el diputado oficialista Elías Jaua denunció el acuerdo aprobado este domingo como un "golpe parlamentario".
"Vamos a terminar matándonos"
Ramos Allup, en el mensaje final de una "accidentada sesión", alertó: "O vemos cómo solucionamos las cosas o vamos a terminar matándonos. Si seguimos así, vamos muy mal".
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El acuerdo aprobado este domingo también comprende la denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya de las cuatro rectoras del CNE, a las que la oposición acusa de actuar al dictado del gobierno, y de los jueces que propusieron la suspensión del revocatorio.
También contempla la designación de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de nuevos rectores para el CNE.
El TSJ ha invalidado los principales proyectos de ley de la Asamblea desde su formación en enero.
El acuerdo de este domingo, según el profesor José Ignacio Hernández, "es una declaratoria política sin efecto jurídico".
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